El Congreso de los Diputados dará luz verde definitivamente a la ley de ciencia este jueves, después de que la norma del Gobierno retornase a la Cámara Baja por una enmienda aprobada in extremis en el Senado. La iniciativa del departamento de Diana Morant saldrá adelante de forma garantizada pero, a pocas horas de que se inicie el debate en el Pleno, todavía queda en el aire si se incluirá la contratación indefinida de los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos.
En un principio, y según las previsiones, la iniciativa tendría que haber sido aprobada definitivamente en el Senado en el mes de julio, pero un giro de última hora alejó ese escenario a septiembre debido al apoyo inesperado a una enmienda del PP que aboga por derogar el modelo de contratos a científicos. Por razones distintas, la propuesta de reforma recibió el apoyo de Junts, PNV, UPN y Vox.
Lo que realmente permitió el cambio de acontecimientos fue el respaldo de ERC que, pese a que se había mostrado a favor de la medida anteriormente, finalmente se alineó con sus socios catalanes. Y es que Junts ya había manifestado en varias ocasiones el rechazo a lo que, a juicio de la formación, supondría discriminar la contratación y disparar un gasto inasumible en Cataluña.
"Si esta enmienda no progresa, en Cataluña perderemos unos 1.500 millones de euros, ya que tenemos una capacidad de contratación del 2,5% de los fondos totales de Europa, y muchos centros de investigación tendrían que cerrar. Todos los partidos que estamos en esta Cámara tendríamos que tener esto muy claro y no permitir que estos recursos, 1.500 millones de euros, se nos escapen de las manos", defendió durante el debate en la Cámara alta la senadora de Junts, Assumpció Castellví.
Desde el Partido Popular también defendieron su enmienda número 76 (la única del grupo que salió adelante), apoyándose en las peticiones que -tal y como explicó el portavoz Juan José Sanz Vitorio- recibieron por parte de los centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, junto a la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y otras universidades. "¿Tiene sentido que a algo que funciona bien se le limite la posibilidad de contratación en función del origen de los recursos, siendo en todo caso europeos? Porque, señorías, hagámonos una pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan los fondos de recuperación?", preguntó el senador popular a finales de julio.
Una pregunta que fue contestada con otra por el PSOE: "Desde que se aprobó la reforma laboral, el contrato indefinido es la norma, no la excepción, y esto ustedes tienen que empezar a entenderlo, a comprenderlo y a respetarlo. ¿Por qué quieren ustedes, señorías del Partido Popular, tratar de forma diferente a nuestros investigadores respecto al resto de trabajadores de este país?", afeó el socialista José Latorre.
La ley saldrá adelante
Dos meses después de que el Congreso aprobase la ley de ciencia con ningún 'no', y a pocas horas de su ratificación definitiva, todavía queda en el aire cómo quedará fijada la contratación de los investigadores que trabajan en proyectos financiados con fondos europeos competitivos. Esta es, de hecho, una medida que se introdujo a última hora por Unidas Podemos, con el afán de reducir la temporalidad del 45% al 20-24% de los investigadores que quedaron fuera de la reforma laboral y, por ende, de la conversión de los contratos temporales por obra y servicio a indefinidos.
Lo que queda, por tanto, es validar o no esa modificación. Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación cuentan a 20minutos que todavía siguen negociando con los grupos. "Y lo seguiremos haciendo hasta el último momento para que la enmienda [del PP] no salga adelante", aseveran. Desde ERC, rechazan adelantar su sentido de voto. De ellos dependerá si finalmente se introduce la enmienda de los populares, ya que esta debe ser aprobada por mayoría simple, y sin los republicanos no salen las cuentas.
Otras de las claves de la ley sí que se aprobarán en el pleno extraordinario de este jueves, como la meta de aumentar regularmente la financiación pública hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030 (ahora está en el 0,58%), por ejemplo. O el nuevo itinerario posdoctoral que aumenta la vigencia del contrato de acceso a una duración de entre tres y seis años (hasta ahora era de uno a cinco años) en universidades y organismos públicos.
También entrará en vigor -una vez se publique en el BOE- la posibilidad de que los científicos de prestigio en el extranjero puedan opositar si llevan un tiempo en el país; la aprobación de un Estatuto del personal e investigación en el Sistema Nacional de Salud; la reducción de la burocracia a la hora de acceder a becas y ayudas; la garantía de una "ciencia abierta" con repositorios abiertos y gratuitos; o el impulso de medidas concretas para atajar la brecha de género.
