Una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado, este viernes 31 de enero, que hay nueve personas "varadas" en la isla española del Congreso (en el archipiélago de Chafarinas) tras manifestar su voluntad de solicitar asilo en España y exigen al Gobierno que se las traslade a "un lugar seguro".
A través de un comunicado, entidades como Caminando Fronteras, Alarm Phone, Comité Español de Atención al Refugiado (CEAR), Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), No Name Kitchen, Coordinadora de Barrios, o Solidary Wheels, entre otras, han explicado que este grupo está formado por cuatro menores, tres hombres y dos mujeres de nacionalidad argelina.
El texto, recogido por Europa Press, explica que se ha dado aviso a las autoridades competentes y que, según ha informado Salvamento Marítimo a las organizaciones, el rescate está en ruta. Aun así, las entidades advierten que las autoridades no tienen claro quiénes serán los responsables de estas personas debido a las disputas que existen en dicho territorio.
La isla del Congreso es una de las tres que forman el archipiélago de Chafarinas, de soberanía española pero que linda con Marruecos.
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Y LA NORMATIVA
Las ONG han pedido al Gobierno que "cumpla con el Convenio Europeo de Derechos Humanos", así como "con la legislación vigente en la materia de protección internacional y derechos humanos" y "traslade" a esas personas a un lugar en donde "puedan ser atendidas y puedan iniciar el procedimiento de solicitud de protección internacional con las debidas garantías".
"Lo contrario supondría una grave vulneración de derechos humanos y un incumplimiento de las garantías establecidas en la normativa vigente", insisten las organizaciones en su comunicado.
En este sentido, apuntan que el retorno forzoso de personas solicitantes de asilo en situación de especial vulnerabilidad y sin acceso al debido proceso, "viola el principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra como una garantía del derecho al asilo".
"Las organizaciones insisten en que, dado que estas personas se encuentran en territorio español y expresaron su deseo de solicitar protección internacional, el Estado español tiene la obligación legal de iniciar un procedimiento individualizad, siendo ilegal devolver a las personas necesitadas de protección internacional", termina el mensaje de las entidades.
