El movimiento asociativo de la discapacidad termina 2022 con las vistas puestas en una reforma de la Constitución que elimine el término 'disminuido' de la Carta Magna y redacte un nuevo texto "más acorde a los tiempos actuales". Las entidades apremian a que este proyecto culmine el próximo año, antes de que termine la legislatura del Gobierno de coalición.
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Mientras que la propuesta que el Gobierno ha llevado al Congreso --consensuada por los partidos de la Cámara en 2018-- recoge que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".
Además, señala que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".
También incluye que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
UN CAMBIO DE PARADIGMA POLÍTICO
Para lograr este cambio, el movimiento asociativo de la discapacidad está aplicando una "presión discreta y constante" a los partidos mayoritarios en el Parlamento. Su objetivo es regresar al acuerdo que se logró hace cuatro años en el Congreso, cuando casi culmina esta iniciativa. El cambio constitucional se truncó entonces por la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones de 2019.
Ahora, las organizaciones deben trabajar con un Parlamento con nuevas fuerzas políticas y un ambiente más polarizado que entonces. De hecho, de la unanimidad inicial, se ha pasado al registro de una enmienda a la totalidad a la reforma por parte de PP y Vox. El primero por considerarla "inoportuna" y el segundo porque considera el texto "inadecuado para los fines que persigue".
Este cambio de rumbo de los partidos se ha podido comprobar estos días con las enmiendas a la norma que las formaciones han registrado en la Cámara baja. PP Y Vox quieren limitar el cambio a sustitur "disminuido" por "persona con discapacidad", sin realizar ningún otro cambio en el artículo, ni redactar nuevos puntos.
Los de Abascal consideran que la propuesta del Gobierno obedece a "una más que probable motivación ideológica" y pone como ejemplo "la referencia a la titularidad de los derechos y deberes de las personas con discapacidad", "las alusiones a las organizaciones representativas de personas con discapacidad" o "a los tratados internacionales ratificados por España". Los de Feijóo, por su parte, solo alegan "mejoras técnicas".
REFORMA CONSTITUCIONAL
Mientras, el PNV ha registrado enmiendas que tienen que ver con incluir en la Carta Magna el derecho a la autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey, suprimir el 155, y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial; y Junts aprovecha este cambio para echar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado y limitar al Tribunal de Cuentas y al Constitucional.
Ante esta situación, el Comité Español de Representantes de la Discapacidad (CERMI) ha pedido a los partidos que cambien de actitud y les advierten de que "este es el momento de la discapacidad". "Todo lo demás sería oportunista", señala. Teme que este proceso acabe arruinando la iniciativa por la que llevan luchando tanto tiempo.
El presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado a Europa Press que el movimiento asociativo de este colectivo "no concibe que esta reforma no vaya a producirse". "El movimiento asociativo aplicará toda su capacidad de incidencia, presión y persuasión con las fuerzas políticas en este asunto", ha apuntado.
EXPERIENCIA EN NEGOCIACIONES POLÍTICAS
La entidad tiene experiencia en este tipo de situaciones. De hecho, ha sido la impulsora de la mayoría de avances legislativos que, en materia de discapacidad, se han producido en los últimos años: el derecho a voto del colectivo, su capacitación jurídica o el reconocimiento de la esterilización forzosa como violencia, entre otros. En todas ellas han tenido que trabajar con las fuerzas políticas.
El presidente del CERMI cree que "nadie entendería la paralización de esta reforma" que, según ha destacado, sería "la primera reforma social de la Constitución" en su historia.
Es por eso que las organizaciones llaman a los partidos a evitar la polarización que existe en la actualidad en el Parlamento por causas "más allá" de la discapacidad. A su juicio, este tema debería tener un "consenso básico".
MÁS FINANCIACIÓN
Este tema es el principal objetivo del movimiento asociativo de la discapacidad para 2023, pero no el único. Desde CERMI han advertido de la situación de "fragilidad" en la que se encuentran muchas ONG del colectivo debido a la situación financiera. Pérez ha alertado de que hay parte de las organizaciones en "riesgo de continuidad" debido a la inflación y a la ausencia de una financiación "sostenida".
Y para poner solución a esto, proponen "medidas alternativas, extraordinarias, que compensen este quebranto a la sostenibilidad de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y que, en definitiva, permitan la supervivencia de entidades acreditadas, solventes, con trayectoria y programas con gran impacto social" y exige la consideración plena e indiscutida del Grupo Social ONCE como entidad del tercer sector de acción social a todos los efectos.
Precisamente, el presidente de la ONCE, y vicepresidente del CERMI, Miguel Carballeda, ha pedido en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la última estas últimas semanas de 2022, elevar la casilla de bienes sociales de la declaración de la renta, conocida como la 'X solidaria', del actual 0,7% al 1%. El objetivo es, según ha explicado, que las entidades puedan recibir más financiación y realizar, en consecuencia, "un mejor servicio" a la sociedad.
CERMI también pondrá el foco el próximo año al Semestre de Presidencia de la Unión Europea 2023 que le toca a España. A su juicio, es "un momento idóneo" para que el Ejecutivo impulse a escala europea un modelo de financiación sostenible para el sector social y las entidades del Tercer Sector de la discapacidad.
