Pablo Velázquez tiene Síndrome de Down y también es graduado en la Universidad Pablo de Olavide. Está haciendo sus prácticas como auxiliar de oficina en una empresa situada en la isla de la Cartuja en Sevilla.
Desde este jueves, tras la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma legal dirigida a eliminar la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, Pablo está más contento. Tiene 30 años de edad y aunque sus padres "nunca" movieron los papeles para incapacitarlo, cree que con esta reforma la sociedad va a mejorar" en términos de igualdad.
Para Pablo, este hito "va a generar "muchos cambios" y augura en declaraciones a Europa Press que tanto su día a día como el de la sociedad "van a mejorar" en términos de igualdad.
"Lo de la ley me parece muy bien. Estoy contento con la reforma que han aprobado. Acabo de cumplir 30 años y desde que nací llevo una vida normal", ha explicado.
Además de acudir a su trabajo en prácticas, Pablo hace sus tareas, maneja su móvil, ordenador o ayuda a sus padres en lo que haga falta y, además, es miembro de la junta directiva de la Asociación Down de Sevilla.
Asegura que sus compañeros de trabajo "se alegran mucho" y en todo momento le han animado y ayudado a "seguir adelante", porque independientemente de si está incapacitado o no "la vida sigue" y su día a día es como el de los demás.
Mari Carmen, su madre, destaca que Pablo es una persona muy independiente, algo que se ha incrementado tras completar en la Universidad Pablo de Olavide un Programa de Formación para la Vida Independiente Adulta hace cuatro años. "Pablo está lleno de proyectos en la cabeza", destaca sobre su hijo.
"Nunca movimos los papeles. No nos parecía bien incapacitarlo, porque le podían quitar de hacer cosas que él iba a echar de menos", ha manifestado.
"QUE NO NOS TOMEN POR TONTOS"
Dieciocho años mayor que Pablo, Santiago Izquierdo tiene una discapacidad intelectual y también ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico.
Por eso, cree que estos son momentos de "celebración a lo grande" porque la aprobación de la eliminación por ley de la incapacitación jurídica a personas con discapacidad intelectual, como él, pero avisa: "Que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado".
Este madrileño, también portavoz de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), ha celebrado desde la Cámara Baja, donde ha sido testigo del debate parlamentario, el fin de esta "discriminación" y ha manifestado a Europa Press: "Es una ley que nos ayuda a recuperar lo que de toda la vida teníamos que haber tenido y que nunca nos debían haber quitado".
Santiago pone "un 10" a esta ley, que permitirá la revisión de "miles de casos" como el suyo, cuyas capacidades en la vida diaria han estado limitadas por cuestiones legales.
"Estoy muy contento y orgulloso y también por representar a esta asociación", ha dicho para, sin embargo, avisar de que no les tomen "por tontos" y advertir de que la reforma aprobada se debe traducir en que la igualdad "exista en la práctica" y "no se quede en papel mojado".
"Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana", alerta al tiempo que insiste en la importancia de que la sociedad se conciencie.
Santiago incide en el significado de "igualdad" y explica que "dependiendo de cada caso" es preciso buscar los apoyos "justos". "Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás", ha sentenciado, al tiempo que ha asegurado que el colectivo de personas con discapacidad intelectual ya está "harto" de que le den largas y la razón "como a los tontos" pero que luego "no cumplan".
Con todo, ve esta jornada como un "día de celebración a lo grande" y confía en que la novedad legislativa sea "útil para todos". "Esta es la primera piedra para conseguir que se respeten nuestros derechos y que la sociedad se conciencie", ha concluido.
La reforma legal garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es decir, que reconoce su igualdad ante la ley y garantiza los apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Desde AEFT y Plena Inclusión consideran que este es un "hito para la democracia española", que acerca al país a cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, celebran que se elimine una "discriminación histórica" hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento".
