El 84% del total de los casos denunciados de delitos sexuales a través de Internet tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, según se desprende de un anexo sobre 'online grooming' del último informe de Save the Children 'Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España'.
El documento, en el que Save The Children analiza 33 sentencias específicas de 'online grooming', cita datos del Ministerio del Interior, según los cuales, en 2022 se presentaron 954 denuncias por delitos sexuales a través de la red que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente.
Además, del informe se desprende que, en el online grooming, las niñas representan un 57,4% del total de víctimas, mientras que los niños son víctimas en el 42,6% de los casos. Estas cifras contrastan con las del abuso sexual físico, donde 8 de cada 10 víctimas son niñas. También aumenta la edad a la que empiezan a producirse los abusos, pasando de 11 años en el abuso físico a los 13 años en el online grooming.
Asimismo, los datos muestran que en casi la mitad de los casos de abusos sexuales contra la infancia a través de Internet el agresor es una persona desconocida, y el 95,1% de los abusadores no tiene antecedentes penales de ningún tipo.
"Estos datos muestran que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del online grooming hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o videos hasta mantener un encuentro sexual", ha advertido la directora de incidencia social y política en Save the Children, Catalina Perazzo.
Save the Children muestra también su preocupación por el tiempo de duración de los procesos judiciales. En el periodo analizado, el 67% de los procesos duraron entre dos y tres años. En cuanto a las pruebas en los juicios, destacan las documentales, testificales o periciales en casi 6 de cada 10 casos.
La técnica de Acción Social de Save the Children Cintia Espada ha explicado cómo se descubrió un caso de online grooming que tuvo como víctimas a dos niños de 14 y 15 años que participaban en los programas de la organización en Valencia.
"Detectamos que un supuesto amigo de los niños, después de estar tiempo hablando con ellos y ganándose su confianza, les empezó a ofrecer dinero a cambio de fotografías y vídeos de contenido sexual a través de una red social. Ellos, además, manifestaban que nunca le habían visto en persona. Activamos nuestros protocolos y, tras la denuncia en la policía, descubrimos que era un hombre adulto que había abusado ya de más niños y niñas a través de internet. Podemos decir que gracias al trabajo de Save the Children esa persona ya no podrá abusar de más niños o niñas", ha señalado.
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para una justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como es el online grooming.
En concreto, la ONG de infancia indica que esto debe concretarse en diferentes medidas como: la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; la creación de una Fiscalía específica que participe en todos los procesos donde haya un menor víctima; formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos, y asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso.
Además, Save The Children considera "fundamental" un "uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños y las niñas". "Por su seguridad, tenemos que dotarles de herramientas suficientes para prevenir este tipo de situaciones y ayudarles a identificar aquellas en las que puedan estar en riesgo", ha añadido Perazzo.
La organización también apuesta por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus ('casa de los niños' en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Tarragona, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 --desarrollado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030--, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas.
