Greenpeace ha reclamado que, en lugar de discutir sobre "intereses políticos particulares", el Estado, los gobiernos autonómicos y los municipios deberían aprovechar el conocimiento de sus sistemas energéticos nacionales, regionales y municipales y "lanzar planes urgentes de ahorro de gas y de despliegue de energías renovables, poniendo especial énfasis en el autoconsumo y las comunidades energéticas".
Así lo ha manifestado este lunes la organización en un comunicado, tras la reunión celebrada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para tratar las medidas de ahorro energético que se aprobaron de urgencia el pasado 1 de agosto.
La organización ecologista considera además que España "debería ser la más interesada en avanzar en la transición energética, en lugar de resistirse al ahorro de gas negociando un 7% de reducción cuando el objetivo europeo llega a un 15 %". "También que seguimos perdiendo oportunidades para reducir de verdad la demanda y la dependencia del gas fósil", añade.
En este contexto, el coordinador de campaña de combustible fósiles, Francisco del Pozo, ha criticado que, a pesar de los incendios forestales que asolan España y de que la población sufre olas de calor "sin precedentes", el Gobierno ha planteado un real decreto con medidas en algunos casos "casi cosméticas" y de "muy dudosa efectividad" para reducir el consumo de gas en un 7%, en lugar de impulsar una acción climática "aún más ambiciosa" y apostar por objetivos de un 15% o más como el resto de la EU.
Ante la crisis climática mundial, del Pozo considera que España "no puede permitirse el lujo de perder el tiempo discutiendo con los gobiernos locales y regionales sobre medidas tan exiguas como regular el horario de las luces de los escaparates".
"Necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, y los diferentes niveles de gobierno deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenibles", ha sentenciado.
La organización ha destacado que el real decreto justifica la actuación principal en climatización de espacios, pues considera que es uno de los ámbitos con mayor potencial de ahorro, pero cree que "es desproporcionado cargar la responsabilidad de reducir todo el consumo de gas en hogares y comercios cuando solo representan un 22% del consumo total".
Precisamente, la ONG ha recordado que el 78% del gas en 2020 fue consumido por empresas para generar energía eléctrica y sobre todo para procesos industriales.
El coordinador de campaña de combustible fósiles entiende que los umbrales de temperatura de calefacción a 19 grados y refrigeración a 27 grados "permiten disminuir las pérdidas de energía en edificios públicos y lugares de trabajo".
"Pero estas limitaciones nos plantean dudas respecto al acceso universal a la energía. La pobreza energética se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud de entre 18 y 21ºC en invierno y 25ºC en verano. Creemos que es necesario establecer los límites térmicos en función del sector y el uso del edificio para no limitar el acceso a un derecho básico como es la energía", ha dicho del Pozo.
Asimismo, Greenpeace indica que el real decreto impone la instalación de puertas con cierre automático en los edificios y locales con acceso a la calle. Para la ONG es una medida "necesaria, pero insuficiente".
Aunque la organización considera "útil" que la ley obligue a que el alumbrado de escaparates y edificios públicos sea apagado a las 22.00 horas, apunta que si realmente se quieren reducir la iluminación innecesaria "es preciso dialogar con los municipios para que establezcan medidas de reducción de iluminación en monumentos, calles sin tránsito, que se prioricen eventos culturales y deportivos que se pueden hacer de día o se limiten las luces decorativas como las de Navidad".
"Este real decreto es una versión demasiado light del que haría falta para aspirar a reducir sustancialmente el consumo de gas y además se contradice con las pretensiones del Gobierno de incrementar las infraestructuras de gas en España y con el absurdo plan de constituirse en un 'hub' de gas, ignorando la realidad de la emergencia climática. Sabemos que el gas es un problema y el único camino adelante está en las renovables, la eficiencia y el ahorro energético", ha concluido del Pozo.
