El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) del Real Patronado sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 explicó mediante una nota de prensa que la accesibilidad de aplicaciones y webs supone cumplir con una serie de requisitos para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda acceder a los contenidos digitales en total igualdad de condiciones.
Para ser accesibles y cumplir con las medidas del diseño universal, éstas habrán de ser compatibles con herramientas de apoyo, como, por ejemplo, los lectores de pantallas para las personas ciegas o con discapacidad visual. También deberán de incluir subtitulado adaptado en los contenidos audiovisuales, la disposición de vídeo-interpretación en lenguaje de signos o la opción de realizar videollamadas para la lectura labial, para ser accesibles para las personas sordas. La adaptación de textos y documentos a lectura fácil para favorecer el acceso a las personas con discapacidad intelectual.
El CESyA recordó, que se deben de proporcionar servicios que sean plenamente efectivos y de calidad.
El Real Decreto exigía el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad a las páginas web en el mismo año de su entrada en vigor allá por el año 2018, con un margen de dos años para aquellos sitios web ya publicados. Aunque para las aplicaciones móviles si es cierto que se concedió un margen algo más amplio, que finaliza el 23 de junio.
Entre los organismos que deberán implantar la accesibilidad se encuentran los relativos a la Administración General del Estado, Administraciones de comunidades autónomas, entidades que integran la Administración Local, el sector público institucional, las asociaciones constituidas por las Administraciones, entres, organismos y entidades que integran el sector público y la Administración de Justicia.
Todo sitio web y aplicación que reciba financiación con fondos públicos para su diseño o mantenimiento deberá aplicar los criterios de accesibilidad incluyendo los relativos a empresas encargadas de gestionar a prestación de servicios públicos, en especial los de carácter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de servicios sociales, además de centros privados educativos, de formación o universitarios.
