La Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado del "incremento" de situaciones de "abuso" patrimonial en el entorno de personas mayores, según se desprende e su Memoria Anual correspondiente al 2023 consultada por Europa Press.
"Se aprecia el incremento en el número de diligencias preprocesales incoadas a partir de la constancia o noticia de situaciones de abuso, conflicto de intereses o influencia indebida detectadas en el entorno de personas mayores que precisan, en mayor o menor medida, apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica", denuncia la Fiscalía en el documento.
En este sentido, explica que el aumento de la detección de estos casos, "se explica en la progresiva implantación del protocolo de prevención firmado con tal objeto entre la Fiscalía y las Entidades Bancarias". Así, añade que las fiscalías reportan que las "principales dificultades" prácticas derivan de la "falta de medios propios" y en los propios juzgados, "para dar una respuesta ágil y eficaz".
En esta misma línea, indica que, en asuntos en los que exista riesgo "perentorio" de perjuicio patrimonial y obtenidos los principios de prueba mínimos, "la actuación más eficiente por parte de las fiscalías exige una ágil tramitación de las diligencias imprescindibles para fundamentar la interposición, sin dilación, de una solicitud de medidas cautelares de administración urgente".
Igualmente, avisa de que en algunos territorios la resolución sobre estas medidas cautelares "se dilata o, incluso, que su finalidad se frustra", cuando el órgano judicial señala una vista con convocatoria de las partes sin adoptar medidas urgentes en un primer momento.
"Esta problemática demanda una reflexión sobre la necesidad de valorar que cuando el riesgo de perjuicio patrimonial es inmediato, se pueda solicitar de forma motivada en razones de urgencia, la adopción inaudita parte de la respectiva medida", recalca.
La Ficalía también aborda en su Memoria del 2023 el aumento de casos precisados de intervenir en apoyo y salvaguarda de personas de avanzada edad en situaciones de soledad no deseada. Sobre esta cuestión, las fiscalías subrayan la necesidad de coordinar su actuación con los servicios públicos administrativos competentes en salud y prestaciones sociales, así como de establecer pautas conjuntas "para la correcta delimitación de los ámbitos de actuación de cada institución".
Por otro lado, advierte también de que en los textos de las memorias territoriales se alerta sobre la repetición de episodios "violentos" en el ámbito familiar protagonizados por personas que presentan algún tipo de enfermedad o trastorno que agreden a los familiares que les cuidan. Esta situación explica que se da "bien por falta de adherencia a los tratamientos para la propia enfermedad o bien por presentar trastornos no diagnosticados, a veces en combinación con consumo de tóxicos".
VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA
En este sentido, destaca que llama la atención el fenómeno de la violencia hacia las personas de edad avanzada, investigándose por las fiscalías las informaciones proporcionadas por los servicios de asistencia a mayores. A través de estos, explica que se denuncian situaciones de "abuso económico y maltrato físico y psíquico" por parte de familiares que "se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las víctimas".
Para la persecución de los comportamientos violentos sobre los grupos más vulnerables, como son las personas mayores y los menores de edad, la Fiscalía subraya que "resulta determinante la cooperación de todos los recursos, ya sean los servicios médicos, en el caso de que se demande asistencia facultativa, así como de servicios sociales y los colegios".
