La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha pedido prorrogar y ampliar las medidas de protección de colectivos vulnerables para garantizar el acceso a los suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad.
Según el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), publicado el pasado 4 de junio: 4,2 millones de personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano, lo que supone el 43,1% de la población.
En este sentido, recuerda que, acabar con la pobreza en todas sus expresiones depende de "políticas públicas adecuadas" que garanticen los derechos de todas las personas. En el caso de medidas específicas contra la pobreza energética, destaca el Bono Social, que se ha extendido los tres últimos años: las y los beneficiarios se han incrementado desde el 16,9% de la población pobre en 2021 hasta el 22,0% en 2023. En todo caso, denuncia que el 78% de las personas que viven en hogares pobres no percibe el Bono Social de electricidad.
Así, en el caso concreto del Bono Social, la Red pide, entre otras mejoras, ampliar las tarifas sociales existentes para la electricidad y el gas a otros suministros de vital importancia como son el agua e internet.
Además, también recomienda incluir con "carácter permanente" las mejoras de acceso y cobertura establecidas como medidas de emergencia, especialmente los descuentos del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos, rectificando la reducción progresiva de los descuentos aprobada el 4 de julio de 2024.
Asimismo, pide que se incluya a los hogares con algún miembro en situación de dependencia de grado I con los mismos criterios que el resto de las situaciones de dependencia. También la condición de encontrarse en situación de desempleo, ERTE o ERE, como categoría de consumidor vulnerable de forma permanente (supuesto que estuvo como medida del escudo social) o como circunstancia especial.
Igualmente, propone incluir como categoría de circunstancia especial que el consumidor destine más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda o que tenga entre 16 y 34 años.
También quiere que se implifique "al máximo" la información disponible y su tramitación para eliminar barreras de acceso al Bono Social.
Por otro lado, solicita que se reduzca la carga de impuestos para la energía de uso básico con carácter permanente. En este sentido, explica que, actualmente, la rebaja del IVA en la luz está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2024. "Entendiendo que la energía es un requisito indispensable para satisfacer necesidades básicas, aplicar IVA reducido o superreducido (4%) al consumo doméstico o servicios básicos como hospitales, residencias de mayores, escuelas, etc., con carácter permanente", apunta.
Finalmente, recuerda que es necesaria una transición ecológica que tenga en cuenta la realidad de las personas y familias en situación de pobreza y/o exclusión. "Las familias y las personas más vulnerables son las primeras en sufrir las consecuencias de las catástrofes naturales, de los cambios bruscos de temperatura o de subidas de la energía por cualquier motivo, sin poder hacer frente al pago de suministros", concluye.
