La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles que la Ley de Familias desarrollará un marco estatal de acompañamiento y apoyo para los primeros 3 años desde el nacimiento del bebé.
La ministra ha explicado que será "un paquete" que incluirá medidas encaminadas a "garantizar un entorno saludable y seguro donde se desarrolle la crianza, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, y a una alimentación saludable para todos y todas".
También ha añadido que habrá más recursos para que las familias se sientan acompañadas en esta primera fase, y medidas que favorezcan la conciliación. "Impulsaremos un conjunto de medidas para apoyar a los padres y madres en la primera fase de la crianza y que todos los niños y niñas tengan lo que necesiten durante esos primeros días", ha explicado.
Belarra ha realizado este anuncio en la presentación del documento 'Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España', que ha tenido lugar este miércoles en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España, en Madrid.
En todo caso, aparte de este paquete de medidas, la ministra de Derechos Sociales ha asegurado que va a "seguir peleando" los próximos meses "para que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una renta por crianza de 100 euros" y por ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta los 6 meses.
779 MILLONES PARA LA GARANTÍA INFANTIL EUROPEA
Durante el acto, Ione Belarra también ha anunciado que se destinarán 779 millones de euros a la implementación de la Garantía Infantil Europea y se ha marcado el próximo mes de marzo para tener listo el plan nacional de acción para implementarla.
Del total, ha precisado que 527 millones corresponden al Fondo Social Europeo Plus --es decir, como mínimo el 5% del Fondo Social Europeo Plus hasta 2027-- y el resto, 252 millones de euros, será la aportación propia de España (aportaciones no solo estatales, sino también autonómicas o municipales).
La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea, supone una iniciativa orientada a abordar la pobreza infantil, que en España afecta a más de 2 millones de niños y niñas.
"La pobreza infantil es uno de los mayores fracasos que tenemos como país", ha afirmado Ione Belarra, al tiempo que ha añadido que "cada vez que un niño o niña tiene que ser un héroe para salir adelante, significa que no se le han dado todos los apoyos". "Los niños y niñas no tienen que ser valientes, tienen que ser felices", ha subrayado.
La ministra ha recordado que en España, más de 2 millones de menores viven bajo el umbral de pobreza moderada y más de 400.000, en pobreza severa, "con una evolución especialmente preocupante en los menores de 6 años". "Son unas cifras inaceptables", ha remarcado.
Belarra ha detallado que ya han puesto en marcha dos herramientas: la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas, que serán las que desarrollen el plan de acción; y el Consejo Estatal de participación de la infancia y la adolescencia.
También van a incorporar, según ha añadido, un Foro de Diálogo Social, que echará a andar en diciembre y con el que pretenden implicar a la sociedad en la lucha contra la pobreza infantil.
En el acto ha intervenido, asimismo, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, que ha remarcado la necesidad de "aprovechar de forma coordinada la financiación proveniente del Fondo Social Europeo Plus", que por primera vez especifica en su reglamento la obligación a los Estados miembro con tasas de pobreza infantil superiores a la media, a dedicar como mínimo el 5% de los recursos, en el caso de España para el período 2021-2027, a la lucha contra la pobreza infantil.
DEUDA HISTÓRICA CON LA INFANCIA
Gasco ha asegurado que España "tiene una deuda histórica con la infancia" y, por ello, ha subrayado la importancia de que los niños y sus derechos sean "cuestión de Estado".
Por su parte, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha asegurado que con el estudio presentado este miércoles, se da por finalizado el análisis de la situación de la infancia en el país y se empiezan a centrar en la implantación de la Garantía Infantil Europea.
"Tenemos por delante la oportunidad de reducir significativamente la pobreza infantil, y vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en conseguir que cada niño, niña y adolescente en nuestro país tenga acceso a una educación, nutrición, vivienda o atención sanitaria de calidad", ha afirmado.
El objetivo del informe presentado este miércoles es estudiar las condiciones de acceso de la infancia vulnerable a los derechos básicos contemplados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE).
AUMENTO DE LA DESIGUALDAD
Los principales resultados arrojados por el informe indican que, aunque los datos disponibles no permiten conocer con detalle la magnitud de los efectos de la pandemia, todo apunta a un incremento de la desigualdad y al deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables. Así, los niños, niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias son los que sufren las mayores tasas de pobreza y exclusión social; y también encuentran más dificultades los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante.
El documento propone una serie de metas que deberían alcanzarse en 2030 a través de la Garantía Infantil Europea, como reducir al menos a la mitad la proporción de niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lograr la misma reducción de los que viven bajo privación material específica para la infancia, duplicar el gasto en educación y cuidados de la primera infancia o alcanzar la media de 2015 de la UE en transferencias monetarias a familias y niños.
En base a los conclusiones y recomendaciones de este estudio, durante los próximos seis meses se va a elaborar el Plan de Acción del Gobierno que detallará la forma en la que la Garantía Infantil Europea se va a implementar en España, así como los mecanismos e indicadores para el seguimiento de su cumplimiento.
