La reciente fuga de Carles Puigdemont ha vuelto a sacudir el panorama político en España, poniendo en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez. Junts, consciente de su influencia en el Congreso, presiona para que se garantice que la ley de amnistía se aplique al expresident. Sin embargo, el Tribunal Supremo mantiene su orden de detención nacional, al no considerar amnistiable el delito de malversación por el que Puigdemont está procesado en rebeldía. Ante el riesgo de perder el apoyo de Junts, vital para la estabilidad legislativa, el Gobierno explora la posibilidad de que el Tribunal Constitucional corrija la postura del Supremo.
El Gobierno, inicialmente, evitó valorar la nueva fuga de Puigdemont, responsabilizando a los Mossos d'Esquadra del fallo en su detención y centrando la atención en la investidura de Salvador Illa. No obstante, Junts rápidamente retomó su protagonismo tras perder fuerza en el Parlament, exigiendo al Gobierno movimientos claros para asegurar la aplicación de la amnistía a Puigdemont.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, minimizó la importancia de la nueva fuga de Puigdemont, calificándola de "performance" y defendió que los jueces deben interpretar las leyes de acuerdo a su "tenor literal". Puente criticó al Tribunal Supremo por "extralimitarse" al excluir la malversación del procés de la ley de amnistía, lo que impide el regreso de Puigdemont sin ser detenido.
Para el Gobierno, la decisión del Supremo solo retrasará la implementación de la ley de amnistía, que considera "clara y terminante". Según el Ejecutivo, la redacción del artículo 1.4 de la medida de gracia indica que para que haya malversación debe haber un propósito de obtener un beneficio personal "de carácter patrimonial", interpretación que el Supremo no comparte, considerando malversación cualquier apropiación de bienes ajenos.
A pesar de la postura del Supremo, Puigdemont aún tiene opciones legales para conseguir la amnistía. Todavía está pendiente el recurso presentado ante el Supremo, y en caso de ser rechazado, podrá acudir al Tribunal Constitucional y, eventualmente, a la Justicia europea.
El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional pueda ser determinante, especialmente teniendo en cuenta precedentes como la amnistía concedida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al exconsejero Miquel Buch y al mosso d’esquadra Lluís Escolà, quienes fueron exonerados de malversación al no haber enriquecimiento personal.
A pesar de las amenazas de Junts de retirar su apoyo, el Gobierno cree que seguirá recibiendo el respaldo necesario en el Congreso. Según Óscar Puente, Junts, como fuerza "conservadora", continuará apoyando ciertas medidas, aunque no todas, dado que no siempre coinciden con sus planteamientos políticos.
Por último, se espera que Junts adopte una estrategia más "práctica" tras la huida de Puigdemont y la investidura de Illa. Con un congreso planificado para finales de octubre, el partido busca relanzarse como la principal oposición independentista frente al Govern de Salvador Illa y podría influir en los futuros apoyos a los Presupuestos Generales de 2025, cruciales para la continuidad del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.
