Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid el alzamiento de la medida cautelar personal de retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional por desproporcionada.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Yegor Varela resalta que no es ajustada la proporcionalidad de ese tipo de medidas cuando "se dilata durante más de diez años sin más argumento que el del aseguramiento (...) en el proceso". "La intensidad de la medida que conlleva que un ser humano pueda estar más de una década sin salir de un país resulta más lesiva que las consecuencias que podría generar el alzamiento de la misma", añade.
Explica que la prohibición de salir de España para 'El Pequeño Nicolás' afecta "a un derecho fundamental tan reconocido como es la libertad deambulatoria" e indica que "la privación del derecho a conocer lo que existe más allá de tu territorio durante diez años supone una auténtica vulneración de la dignidad humana", máxime cuando impide que crezca en el ámbito personal por una medida "que fue acordada cuando prácticamente escapaba de su adolescencia".
"ACTITUD EJEMPLAR"
El abogado añade a esto que Gómez Iglesias ha estado a disposición de los tribunales en los distintos procedimientos penales en los que ha sido enjuiciado esta década, "sin haberse ausentado de ninguno de ellos y siempre con una actitud ejemplar a este respecto", y resalta que dado que la causa por la que se mantiene la retirada de pasaporte está ya en casación, "debe alzarse la medida cautelar impuesta".
Destaca, además, que en caso de que le permitan salir del país no derivará "en una intensificación del riesgo de fuga" sino todo lo contrario porque "está comprometido con la justicia de su país y así lo ha demostrado durante todos estos años cumpliendo con cada requerimiento".
Al hilo, la defensa de Gómez Iglesias lamenta que la Fiscalía se limitara a informar el pasado 2 de julio "en tres líneas" de que no procedía el levantamiento de la medida de retirada del pasaporte porque estaban pendientes de cumplimiento las penas impuestas. El letrado matiza que las penas "no están pendientes de cumplimiento sino que están siendo sometidas a su valoración por el Tribunal Supremo".
A todo esto, suma que Gómez Iglesias "tiene un fuerte arraigo hacia España desde el punto de vista familiar y social" y es conocido que se relaciona "con personajes públicos". "Y es que mi patrocinado ve a España como su hogar, tratando siempre de estar en el foco mediático porque tiene un gran interés en las figuras emergentes españolas y su presencia en los distintos eventos que de tales relaciones pudieran derivar", subraya.
Tras esto, el letrado recalca que Gómez Iglesias "no se imagina ni por un solo segundo viviendo en otro lugar que no sea España", pero recuerda que "nadie imagina lo que puede suponer que una persona pueda convivir más de una década con la sensación mental de que vive atrapada dentro de una nación".
"Cada día que pasa sin que mi patrocinado pueda despojarse de esa sensación, de esa cárcel parcial a la que está sometido, su dignidad se lesiona cada vez más", indica su letrado, para luego aseverar que aunque en el pasado haya podido equivocarse, "a los 18 años eres una persona y a los 30 años otra totalmente distinta".
Por todo esto, y dado que no debe acudir ya a ninguna vista oral, el letrado interesa la devolución del pasaporte o, en su defecto, que al menos pueda moverse por el espacio Schengen.
Cabe recordar que el Supremo ya confirmó la condena de un año y nueve meses impuesta al joven por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012. Asimismo, acordó absolver en mayo de 2024 a Gómez Iglesias de los delitos de usurpación de funciones y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente hacerse pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014.
Tiene pendientes otras dos sentencias que aún no son firmes: la condena de cuatro años y tres meses de prisión y multa de 4.200 euros por haber accedido en 2014 a información "confidencial" en bases de datos policiales; y la condena de tres años y cinco meses por hacerse pasar por un miembro del Gobierno en la compraventa de la finca de 'La Alamedilla'.
Además, Gómez Iglesias cuenta con otra absolución porque en julio de 2018, la Audiencia de Madrid le absolvió de un delito de injurias y calumnias contra el CNI, del que le culpaban por acusar al organismo de 'pinchar' su teléfono ilegalmente.
