La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha mostrado su satisfacción ante la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que asegura la presencia de intérpretes de lengua de signos y de otros recursos de apoyo a la comunicación que la persona sorda pueda precisar durante un proceso judicial, e incorpora la figura de las y los mediadores.
"Una demanda histórica del movimiento asociativo de la CNSE que favorece la participación en condiciones de igualdad de las personas sordas al quedar garantizada la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno", ha destacado en un comunicado recogido por Europa Press.
Este cambio legislativo, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre según indica el CNSE, contempla el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo en los juzgados.
Para ello, la norma hace mención expresa a la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente (lengua de signos española y lengua de signos catalana), así como a la participación de profesionales mediadores que actúen como facilitadores realizando las tareas de adaptación y ajuste necesarias para tal fin.
Tal es el caso de profesionales sordos mediadores y adecosores (agentes de desarrollo de la comunidad sorda) que han trabajado en este ámbito en repetidas ocasiones durante procesos judiciales en los que han participado ciudadanos y ciudadanas sordas, precisa el CNSE.
