Una de las quejas más habituales en el Congreso, si no la más habitual, refleja la sensación de vacío en el que caen los trabajos legislativos más ambiciosos si se hacen en días de ruido y furia política. Este miércoles será uno de esos días.
Toca sesión de control al Gobierno, la parte de los plenos que causan más expectación e interés porque son un intercambio dialéctico de golpes. Si sobrevuela por la Cámara una sombra de conflicto, como el que han generado los presuntos casos de espionaje por el sistema Pegasus el catalangate se ha llamado, aumentan la tensión y los decibelios del debate. Todo lo que ocurra en las esquinas de la sesión de control se mecerá en una especie de silencioso letargo.
Porque este miércoles toca también una nueva sesión de la Comisión de Igualdad del Congreso, y no será de mero trámite. La convocatoria persigue la aprobación del dictamen sobre la nueva ley de igualdad de trato y no discriminación. Si es lo que al final sucede, cosa que las fuentes parlamentarias dan por hecho ("si no, no se convoca la comisión", apunta una de esas fuentes), la propuesta se enviará directamente al Senado.
Lo que van a debatir las/los integrantes de la Comisión es una norma "muy ambiciosa", profundamente remodelada durante la fase de la ponencia. Abarca ámbitos de contacto directo con la rutina de los ciudadanos. Según el texto al que ha accedido este medio, una de las novedades será la prohibición de las preguntas sobre la salud de los aspirantes a un puesto de trabajo durante la entrevista. Indican las fuentes que han pergeñado la redacción de la nueva ley que es la primera vez que se tipifica algo así. Desde luego no figuraba tal restricción en la proposición de ley que registró el PSOE.
El grupo socialista registró la propuesta hace más de un año, en enero de 2021 en concreto, y la bautizó como "ley Zerolo", en homenaje a uno de sus históricos dirigentes, ya fallecido. Una serie de casos de odio contra personas LGTBI motivó el registro de la iniciativa, de lo que el socio de coalición, Unidas Podemos, se enteró por los medios de comunicación, según denunciaron sus fuentes. Se produjo un desencuentro estridente entre ambas formaciones y reveló hasta qué punto llegaba el encono por el manejo del calendario de la agenda normativa en materia de igualdad.
Debido al atasco legislativo, el proyecto ha estado meses adormecido, tanto en el ciclo de prórroga de enmiendas como en la etapa del trabajo en ponencia. Desde que se reanudó la actividad parlamentaria tras el parón navideño y el mes de enero, que es inhábil, la Comisión de Igualdad, presidida desde hace meses por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, ha acelerado las negociaciones y la elaboración del informe. Ya está listo.
Repercusión en el acceso al empleo
El proceso de cambio del texto inicial ha sido de calado. El informe incorpora numerosas novedades, como las que afectan al artículo 7 sobre el "derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta ajena". Se trata de un pasaje de la norma que excluye "limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de las causas previstas" en la propia ley, en la Constitución y en el acervo comunitario, y que son: sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual.
Los grupos parlamentarios incorporan algunos más. Por un lado, el estado de salud, en lo que se incluyen enfermedades, serología o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos. Por otro, la lengua. Y por último, la situación socioeconómica.
No podrá haber discriminación por estos motivos ni en el proceso de selección, ni durante la formación, ni en la etapa de promoción, ni en la retribución ni en la organización de la jornada laboral. Tampoco en la suspensión de empleo y sueldo, ni en el despido o lo que provoque la extinción del contrato. El fragmento da potestad a los servicios públicos de empleo, al igual que a entidades colaboradoras, para velar por el cumplimiento de los requisitos, y sobre todo, para favorecer la aplicación de los currículos de vida anónimos. La Inspección de Trabajo, en concreto, deberá vigilar "el respeto del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo".
La mayoría de los grupos, llegados a este punto, se pusieron de acuerdo para añadir dos precisiones: que "el empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante del puesto de trabajo" y que "se podrá exigir" a los empleadores cuyas empresas tengan más de 250 trabajadores la publicación de "la información salarial necesaria para analizar los efectos de las diferencias" de retribución, si es que existen.
No preguntar por la salud era recomendable, y de hecho en Internet hay información sobre ello, pero, tal y como corroboran las fuentes, la tipificación legislativa no se había producido. Hasta ahora. Así que del mismo modo que no cabe preguntar a una mujer por sus planes de maternidad o por la orientación sexual, no se podrá preguntar por si hay predisposición a tener determinada enfermedad, por citar un ejemplo. Y eso, blindado por ley.
La violencia digital y la inteligencia artificial
El elenco de novedades es largo, lo que certifica que ha habido un profuso trabajo de transacción y pacto. En el grupo socialista predomina la satisfacción, apuntan fuentes de su dirección. No sólo porque está cerca del final el arduo viaje emprendido por Pedro Zerolo hace años, sino porque durante la ponencia se han aceptado muchas propuestas de otras formaciones. No fue sencillo porque se registraron casi 200. El caso es que habrá ley contra la discriminación, una ley administrativa que abarca todo el territorio que no cubre el Código Penal. Tal y como sostienen las fuentes del PSOE, se trata de un avance social muy relevante.
Ello no ha despejado los choques y las reticencias, sin embargo. Las fuentes consultadas, conocedoras de cómo ha resultado la ponencia, descartan al PP del respaldo al informe, en términos globales. También a Vox. Las dudas sobre qué hará Cs no se han disipado completamente.
En este grupo consideran que, si bien el marco de la nueva norma es adecuado, son palmarias algunas deficiencias. No comparten, arguyen fuentes del partido "liberal", que el nombramiento de la persona que asuma la Autoridad Independiente provenga del Gobierno, pues queda comprometida su independencia, y no pueden suscribir el régimen de sanciones, que ven laxo.
Más allá de las diferentes sensibilidades políticas, la norma asienta avances muy pegados a los tiempos. La violencia digital que sufren en gran medida las mujeres, aunque no sólo, ha motivado la incorporación de un nuevo artículo, el 49, cuyo punto 3 faculta a los poderes públicos a dar un "tratamiento específico" a los casos en los que "las agresiones o acciones que inciten al odio, la discriminación e intolerancia se hayan realizado utilizando las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales".
Asimismo, la ponencia ha puesto un ojo en los "mecanismos de toma de decisión automatizados", es decir, en los algoritmos y en la inteligencia artificial. El debate no es nuevo. Hace unos meses, a instancias de Más País, salió a la primera línea de actualidad los resultados de discriminación por sexo, orientación sexual o raza o etnia en los que caían determinados procesos de inteligencia artificial. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se encuentra inmerso en la creación de una agencia que vigile esos algoritmos.
En la futura ley de igualdad de trato, salvo sorpresas, habrá cláusulas al respecto. Estarán en el artículo 21, en el que se insta a las administraciones públicas a impulsar "la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones" no incurran en sesgos. La novedad más reseñable es la configuración de "un sello de calidad de los algoritmos".
Indemnizaciones y lenguas cooficiales
Habla el informe sobre qué deberá hacer la persona física o jurídica que cause discriminación. La proposición del PSOE, en sus términos iniciales, se limitaba a establecer que "responderá del daño causado" y que, una vez acreditado el caso, "se presumirá la existencia de daño moral".
En el informe se añade y se precisa cómo se hará dicha reparación del daño, que es mediante una indemnización y "restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible".
