La Unión Europea decidirá este viernes si hace permanentes los aranceles al coche eléctrico importado desde China que impuso de manera provisional en julio para compensar los subsidios ilegales de Pekín a sus productores. Se trata de una medida que Bruselas defiende junto a países como Francia, Italia o Polonia y pese a las reservas de Alemania y, más recientemente, de España.
Los expertos de los Estados miembro están convocados a las 10:00 horas en Bruselas para someter a votación la propuesta de la Comisión Europea de consolidar los aranceles por un periodo de cinco años; aunque Bruselas no cierra la puerta al diálogo con Pekín e insiste en que aún con la luz verde para la sanción pueden continuar las negociaciones en paralelo y revertir la medida si se corrige la competencia desleal.
La mayoría de delegaciones se mantienen cautas respecto al sentido de su voto, aunque se da por hecho el apoyo de países como Francia, Polonia o Italia y se conoce el no rotundo de Hungría. A pocas horas de la votación, se mantiene la incógnita de qué votarán Alemania, principal productor del sector en Europa que teme represalias, o España, que en julio apoyó las tarifas provisionales que después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionó en rueda de prensa durante su viaje oficial a China.
En todo caso, salvo sorpresa de última hora, los aranceles saldrán adelante porque quienes se oponen necesitarían sumar una mayoría de 15 Estados miembro que representen al menos el 65% de la población europea para bloquear la decisión.
Los más probable, según varias fuentes europeas consultadas por Europa Press, es que los 27 no logren formar una mayoría ni a favor ni en contra, lo que en la práctica supone una "no opinión" que devolverá a Bruselas el poder de decisión.
Ello facultará al Ejecutivo comunitario para aprobar la introducción de aranceles en un próximo Colegio de Comisarios y su entrada en vigor se producirá tras la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la UE.
Bruselas aplica desde el pasado mes de julio tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China como respuesta al perjuicio que genera en sus competidores europeos los subsidios ilegales que el Gobierno chino concede a sus fabricantes. El gravamen se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos.