A pesar de la enorme oposición política de la industria química, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) anunció su primera normativa destinada a limitar las cantidades de AGP, o "sustancias químicas permanentes", en el agua potable estadounidense.
Durante décadas, las sustancias polifluoroalquiladas o PFA se han utilizado para revestimientos resistentes al fuego, el aceite, las manchas y el agua, y ahora se encuentran en una amplia variedad de productos como ropa impermeable, muebles resistentes a las manchas, envases de alimentos, adhesivos, espumas en aerosol contra incendios y superficies de cocina antiadherentes.
Hay miles de compuestos PFAS con distintos efectos y niveles de toxicidad, y la nueva normativa de la EPA exigirá a las empresas de suministro de agua que realicen pruebas para detectar 6 clases distintas de ellos.
Las nuevas normas reducirán la exposición a los PFAS -y, por tanto, el riesgo para la salud- de 100 millones de personas en Estados Unidos.
Se pondrá a disposición de las empresas de suministro de agua de todo el país un fondo de 1.000 millones de dólares para el tratamiento y las pruebas, parte de una inversión de 9.000 millones de dólares posibilitada por la Ley Bipartidista de Infraestructuras de 2021 para ayudar a las comunidades afectadas por la contaminación por PFAS.
"El agua potable contaminada con PFAS ha afectado a comunidades de todo el país durante demasiado tiempo", declaró el miércoles el administrador de la EPA, Michael S. Regan.
Bajo la dirección de Regan, la EPA comenzó en 2021 a establecer una hoja de ruta para hacer frente a la contaminación generalizada por PFAS, y hasta ahora, han recopilado muchos datos, incluido el control del agua potable, y han comenzado a exigir más informes a las empresas sobre el uso de las sustancias no reguladas.
La agencia informó de que los estudios científicos actuales revisados por expertos han demostrado que la exposición a determinados niveles de PFAS puede provocar multitud de problemas de salud difíciles de especificar debido a la variedad de compuestos procedentes de distintos lugares.
En cualquier caso, los 66.000 operadores de servicios de agua dispondrán de cinco años para realizar pruebas de contaminación por PFAS e instalar la tecnología necesaria para tratar la contaminación, que la EPA calcula que necesitarán entre el 6% y el 10% de las instalaciones.
Los registros muestran que algunos de los fabricantes sabían que estas sustancias químicas suponían un peligro para la salud. En los últimos años se han resuelto algunos pleitos importantes que pretendían responsabilizar a las empresas químicas, como 3M, de los daños causados al medio ambiente.
