El Pleno del Congreso aprobará este jueves definitivamente el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que amplía el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, que no empezará a contar hasta que la víctima no cumpla 35 años, frente a los actuales 18 años.
La Cámara Baja debe refrendar o no las enmiendas introducidas por el Senado, entre las que destaca la prohibición de los desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes.
Además, ha incluido la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, aunque finalmente no se llegó a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores y tampoco se incluye la prohibición de la entrada de los niños y niñas a espectáculos taurinos.
Así, una vez que la norma se publique en el BOE y entre en vigor, "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad" y "no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas".
En cuanto a la prohibición del uso de contención mecánica de las personas menores de edad, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.
Autorización expresa para difundir la imagen de un menor fallecido
Además, la Cámara Alta también incorporó la obligación de requerir la "autorización expresa de los progenitores" para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso "cruel" de la imagen de su hijo después de haber fallecido.
Asimismo, se acordó que, en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de "equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar".
Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.
Además, la norma elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Estas medidas, junto con el retraso de la prescripción de los abusos a menores, se incorporaron a su paso por el Congreso, en el que se incluyeron 200 de las 600 enmiendas parciales presentadas al texto del Ejecutivo.
Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el entonces exvicepresidente Pablo Iglesias como 'Ley Rhodes' --por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia--, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.
Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del 'coordinador de bienestar y protección' que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.
