La ley de autodeterminación de género, contemplada en la denominada "ley trans", ha generado controversia por los intentos de algunos hombres de aprovecharse de sus disposiciones para evadir condenas por violencia de género. Un caso reciente en Sevilla ha puesto en evidencia esta problemática. Un hombre condenado a 15 años de prisión por agredir a su pareja logró aplazar su sentencia al cambiar su género en el Registro Civil un día antes de que se dictara el fallo. Este cambio forzó al Juzgado de Violencia de Género a inhibir el caso, ya que, hasta que no se demuestre que se trata de un fraude, deja de ser de su competencia.
Otro incidente similar ha ocurrido en el País Vasco, donde un ertzaina detenido por intentar agredir a su mujer después de cambiar su género enfrenta ahora una investigación por un posible fraude de ley. La diferencia entre ambos casos radica en el momento en que se cometió el delito: mientras que el agresor sevillano cambió su género después de la agresión, el ertzaina lo hizo meses antes, lo que podría beneficiarle legalmente al ser juzgado como mujer y no bajo los parámetros de violencia machista.
La ley trans, aprobada en 2023, establece que la rectificación de la mención registral del sexo no exime de responsabilidad por delitos cometidos bajo el género previamente registrado. Sin embargo, estos casos han suscitado preocupación, ya que algunos pueden intentar manipular la ley para obtener beneficios judiciales. La fiscal especializada en violencia de género, Susana Gisbert, señala que es fundamental demostrar que estos cambios de género no se realizan con el propósito de evadir la ley, subrayando que "cambiarse de género en el Registro no significa quedar impune".
Este tipo de situaciones no es único en el ámbito legal, como recuerda Glòria Poyatos, magistrada y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Ella destaca que ninguna ley está completamente a salvo del fraude y que la labor de la justicia es precisamente detectar y controlar estos abusos. Según Poyatos, en muchos casos, los registros civiles han denegado cambios de sexo cuando se ha sospechado de un intento de fraude.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que el porcentaje de fraudes detectados en los cerca de 6.000 cambios de sexo realizados este año es mínimo, alrededor del 0,001%. Sin embargo, asegura que quienes cometan fraude enfrentarán graves consecuencias legales.
Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, añade que estos casos evidencian la premeditación en las acciones de algunos maltratadores, lo que contrasta con la percepción de que la violencia de género es a menudo impulsiva. Según Lorente, la ley trans otorga plena libertad para cambiar el género registral, pero este cambio debe ser abordado con cuidado para evitar su mal uso. En última instancia, estos abusos perjudican tanto a las víctimas como a los colectivos feminista y LGTBI, que lucharon por la aprobación de la ley.
Los expertos coinciden en que es necesario un control riguroso para prevenir que la ley sea explotada con fines fraudulentos, y subrayan que quienes intenten burlar el sistema acabarán enfrentando las consecuencias legales de sus actos.
