El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este defendido que "la plena integración de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias en los correspondientes servicios de salud de las comunidades autónomas será un considerable paso adelante en la mejorar de su eficiencia a la que este ministerio no va a renunciar".
Grande Marlaska ha inaugurado una jornada telemática sobre sanidad penitenciaria organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA (CESIDA) para analizar el impacto que la actual crisis pandémica provocada por la COVID-19 ha causado en la atención a patologías como el VIH, la hepatitis C o las enfermedades mentales, así como explorar medidas de mejora de la sanidad penitenciaria.
En su turno, el ministro del Interior ha reivindicado el trabajo realizado por la dirección y el personal de Instituciones Penitenciarias, gracias al cual las tasas de personas afectadas, hospitalizadas o fallecidas por la COVID-19 en los centros penitenciarios son muy inferiores a las de población en general.
Este dato demuestra, según Grande-Marlaska, la eficiencia de la sanidad penitenciaria, pese a lo cual "somos conscientes de que debemos perseverar en nuestro esfuerzo diario para mejorarla", por lo que el ministerio "seguirá trabajando con denuedo para dar cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que estable la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias".
Dar cumplimiento a lo dispuesto de la ley, ha concluido el ministro del Interior, es "un desafío" para su departamento, porque "preservar el derecho fundamental a la salud de las personas internas es nuestro deber primordial" y porque la inobservancia de una norma no puede convertirse en "una realidad indebida".
Panorama penitenciario
Junto al ministro del Interior, en la inauguración de la jornada también intervinieron el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, y la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Pilar Aparicio.
A continuación, Gerardo López, médico de los servicios de prevención y salud laboral de Instituciones Penitenciarias; Juan Carlos Giménez, de la Fundación ADSIS, y Pablo Sainz de la Hoya, director del Programa VIH/Hepatitis del centro penitenciario de Foncalent, han debatido sobre el impacto de la COVID-19 en el entorno penitenciario.
La situación de la salud mental de la población ha sido analizada por Javier Vilalta, director de la asociación Àmbit, y Enrique Pérez Martínez, psiquiatra jefe de la Sección de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Alicante y miembro del Grupo de psiquiatría penitenciaria (SAMPAEN).
La jornada ha concluido con una mesa redonda que ha abordado el proceso de transferencia a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria, en la que han participado Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Ana Botella Gómez, presidenta de la Comisión de Interior del Congreso de Diputados; José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, y Francisco Fernández Marugán, defensor del pueblo.
