Desde que el pasado junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho a la interrupción del embarazo con carácter general, y desde que 13 estados promulgaran leyes propias para perseguir el aborto, una larga lista de empresas estadounidenses ofrecen ampliaciones de coberturas del seguro médico al aborto a sus empleadas, lo que implica financiar los viajes a los estados donde esta práctica sigue siendo legal. En unos casos, el pago de los viajes incluye explícitamente gastos de alojamiento; en otros, como el de Amazon, la empresa fija una cantidad límite (4.000 dólares en este ejemplo); en algunos más, las condiciones están por determinar.

La última gran empresa en unirse a la lista, aunque parcialmente, fue el gigante de la distribución minorista Waltmart, el empleador privado más grande del país. La cadena de tiendas por departamento comunicó el viernes a sus 1,6 millones de trabajadores la decisión de ampliar sus planes de salud autoasegurados para que cubran el aborto “cuando exista riesgo para la salud de la madre, violación o incesto, embarazo ectópico, aborto espontáneo”. o falta de viabilidad fetal”. Antes, el seguro interno de la empresa solo pagaba la terminación del embarazo “cuando la salud de la madre corría peligro si el feto llegaba a término, si el feto no sobrevivía al parto o si la muerte era inminente después del nacimiento”. La empresa ahora también brindará “apoyo de viaje” a las trabajadoras que quieran abortar -bajo la nueva cobertura- cuando el servicio médico que requieran esté a más de 100 millas (161 kilómetros) de sus residencias.

Las ayudas en viajes y extensiones de seguro médico suponen nuevos desafíos legales

Las extensiones de cobertura de las empresas y sus ayudas para viajes con fines de aborto emergen como un contrapeso importante al fallo de la Corte Suprema de EEUU, pero no son un pasaporte directo para acceder a dicho derecho a través de la vía alternativa que ofrece el estados refugio con legislación para proteger la libre interrupción del embarazo. Las organizaciones que defienden la libre elección y sus abogados advierten de posibles problemas legales y de la aplicación práctica o alcance real de dichas ayudas.

La empresa Lyft, competidora de Uber, o el bufete de abogados Sidley Austin están entre los que ya han recibido amenazas de acciones legales contra sus medidas de asistencia por parte de legisladores republicanos en Texas que al mismo tiempo buscan prohibir a tantas corporaciones hacer negocios allí. pagar o financiar abortos «sin importar dónde se realicen». ¿Cómo reaccionarán las empresas ante litigios o leyes como esta?

Por otro lado, y según el Instituto de Salud Reproductiva Guttmacher, tres cuartas partes de las pacientes que abortan en EEUU viven por debajo o cerca de la línea de pobreza y no trabajan en negocios donde puedan ayudarlos con esto. Las organizaciones de defensa también temen que muchos empleadores que prometieron cubrir los viajes de aborto no extiendan el beneficio a las trabajadoras ocasionales, de medio tiempo o por contrato.

«Si permitimos que las empresas decidan quién tiene acceso al aborto, nos metemos en una situación complicada», dice en atlántico la abogada Bethany Corbin, especializada en salud de la mujer. La situación, sin embargo, ya es más que complicada.