La menor quiso acogerse a la interrupción legal de su embarazo, fruto de terribles y reiterados abusos sexuales de un familiar, pero la Iglesia católica lo ha impedido; tras cubrir algunos medios de comunicación este hecho, la Iglesia católica se enteró de lo sucedido y acabaron convenciendo a la madre de la niña de que parase el procedimiento. Además, la iglesia ofreció pagar una mensualidad a la familia para que no se interrumpiera el embarazo.
Los abusos ocurrieron por su abuelastro de 61 años durante los 10 meses que tuvo que convivir con este hombre en Santa Cruz, mientras sus padres trabajaban en La Paz. El violador está actualmente en prisión. Hace seis años, la hermana mayor de la niña también fue violada, pero por su propio padre, que igualmente terminó encarcelado.
La niña comentó a una prima "que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia" explicaba la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García.
Tras enterarse de su embarazo, la joven estaba se internó en un servicio de salud de la región boliviana de Santa Cruz, a la espera de realizar esta intervención acogiéndose a los tipos de aborto permitidos en Bolivia: cuando el embarazo es fruto de una violación, un estupro o es producto de una relación incestuosa, además, también está autorizado realizar este procedimiento cuando la vida de la madre se hallen riesgo.
La menor había señalado con anterioridad a una junta médica que "no quiere ser madre", por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó la directora.
Pero el procedimiento se vio interrumpido cuando la abogada de la madre puesta por una organización religiosa, entregó una carta manuscrita en la que la niña supuestamente manifestaba que ya no quiere someterse al procedimiento.
La niña se encuentra ahora en un centro católico de acogida para jóvenes que se encuentren en situaciones parecidas.
En muchas ocasiones los médicos se niegan a cumplir con la ley y a intervenir a las mujeres y niñas violadas a pesar de estar permitido por la ley. Según la directora de la Casa de la Mujer en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que "104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años".
"Esta situación es alarmante, la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas", lamentó.
La sociedad se ha dividido en dos bandos: Los grupos provida se apoyan en el hecho de que la niña tiene cinco meses de embarazo, superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales. Además, la Iglesia católica abogó en un comunicado por "salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas" y ofreció "acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre" en un centro para madres adolescentes con el apoyo "material, médico, psicológico y espiritual" correspondiente.
Por contra, el ministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo opinó que es necesario evaluar psicológicamente a la menor y, en caso de que decida interrumpir la gestación "se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga". "Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define", manifestó.
En lo que respecta a la niña, aunque ella no adquirió conciencia de su estado hasta una fase avanzada de su embarazo, legalmente el tiempo de embarazo resulta indiferente, por lo que podría aún acogerse a su derecho.
