La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, la vulneración del derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados en los divorcios y rupturas de pareja donde se dilucidan cuestiones como el sistema de guarda y custodia o cómo se desarrollará la comunicación y visitas con el otro progenitor.
En un comunicado, AEAFA ha recordado que España suscribió en el año 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados de derechos humanos más ratificado del mundo. Su firma compromete a los países firmantes a su aplicación y, por tanto, a rendir cuentas. Periódicamente, la última vez fue en 2018, España se somete a una especie de 'examen' por parte del Comité de los Derechos del Niño. Este grupo de expertos no solo escucha al Gobierno del país analizado, también se reúne con organizaciones de infancia, defensores y entidades como la AEAFA.
Desde la asociación se exige una regulación del derecho de escucha a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en los procesos de Familia y la eliminación de la frontera de edad. "Lamentablemente, en la práctica judicial solo existe la obligación de escucharlos a partir de los 12 años y, por desgracia, no siempre se cumple esta exigencia, salvo en los procesos relativos a la sustracción de menores donde la exploración se puede llevar a cabo, aunque sean pequeños", señala la vocal de AEAFA, Nerea Sologaistua.
Asimismo, reclaman el establecimiento de directrices con las que ya coinciden la mayoría de los operadores jurídicos como que la escucha no se produzca en el mismo día y hora que la audiencia del divorcio o de adopción de medidas que afectan a la familia; que la escucha garantice que la opinión está siendo "libremente emitida y su voluntad correctamente formada, no mediatizada o interferida por la conducta o influencia de alguno de los padres"; que la opinión del niño será atendible, siempre que sus razones no estén inspiradas en criterios de comodidad a corto plazo.
En este sentido, la entidad ha informado de que en España más de la mitad de los niños y niñas (55%) que acude a un juzgado por una crisis de familia comparece en la sala de vistas y el mismo día de la celebración del juicio donde sus padres litigan, "con el componente de miedo, tensión y ansiedad que eso supone". Asimismo, solo el 6% de los menores en España expone su opinión en una sala amigable y adecuada para tal efecto, mientras un 35% restante lo hace en el despacho del juez, según indica el Observatorio del Derecho de Familia de AEAFA.
"Si se hace en la sala de vistas en presencia del fiscal y del juez vestidos con toga y en estrados, el menor se sentirá intimidado y cohibido. El trauma resulta mucho mayor y no se expresará con libertad, que es el objetivo de su intervención", ha afirmado Nerea Sologaistua.
Asimismo, la Asociación Española de Abogados de Familia ha reclamado también una reforma legislativa para que menores cuenten con defensa letrada para defender su legítimo interés en procesos de Familia con una conflictividad entre los padres. "Estos casos de ruptura familiar suelen provocar en los hijos un conflicto de lealtades (la obligación de elegir entre el afecto de los dos), lo que provoca en ellos depresión y diversos trastornos psicológicos", ha argumentado la entidad, para que la "una defensa letrada para los menores evitaría que sus intereses queden en un segundo plano en la disputa que han entablado los padres".
Otra reclamación es que se evite la "revictimización" de los menores y se eviten situaciones de maltrato con la apertura de los "prometidos juzgados de violencia contra los menores. "Cuando un niño o niña denuncia se ve obligada a testificar varias veces: primero, con los agentes policiales, después en la unidad de valoración forense (cuando la hay) y luego, ante la jueza o juez". La idea es, según AEAFA, evitar la "victimización secundaria de los niños y, a través de estos juzgados, garantizar que sean atendidos por operadores jurídicos especializados; en espacios adecuados y amigables; y mediante un proceso rápido y ágil".
Otra de las peticiones ante la ONU es la especialización de los operadores juridicos implicados en el proceso de Familia, para "reducir la duración de los procedimientos e incrementar la cantidad, la calidad y acierto de las decisiones adoptadas". "España aprueba leyes cargadas de buenas intenciones, pero luego ni se desarrollan normativamente ni se acompañan de recursos económicos y personales. Esto da lugar a un maltrato institucional de los menores", incide Nerea Sologaistua.
Asimismo, los portavoces de la AEAFA ante la ONU han resaltado las carencias de España en diversos ámbitos que afectan directamente al bienestar de los niños. Entre estas insuficiencias destacan la falta de equipos psicosociales para la exploración de los menores en procesos de Familia, la escasez de Puntos de Encuentro Familiar para la entrega, recogida y contacto con los hijos en procesos de divorcio y ruptura de pareja conflictivo y la necesidad de implementar la figura del coordinador de parentalidad.
