En primer lugar, no se trata de romper o no el celibato sacerdotal, sino de hacer justicia y comprometerse con las víctimas. El Vaticano incluirá en su Código de Derecho Canónico un artículo "específico referido a los delitos contra menores" con el que pretende juzgar a los clérigos pederastas. Una figura que hasta la fecha no se encuentra presente en las normas que rigen el derecho de la Iglesia católica. Este hecho se explica ya que, todavía hoy, un cura juzgado por abusos en el ámbito canónico lo es por delitos relacionados con la ruptura de su castidad.
Tal y como explica La Croix, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos tiene prevista una modificación del Código de Derecho Canónico para incluir un "delito contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre", dentro de un nuevo título tipificado como "Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre", que comprende "un canon específico referido a los delitos contra menores".
Asimismo, se recoge en una carta enviada por el presidente del 'ministerio de Justicia' vaticano, Filippo Iannone, y su secretario, el español Juan Ignacio Arrieta, a los obispos de Inglaterra y Gales, que habían hecho esta sugerencia a través de la IICSA, un grupo de investigación independiente que ha analizado la realidad del abuso sexual en diferentes organizaciones de la sociedad, entre ellas la Iglesia católica. Y que ha llegado a la conclusión de que los términos, en el ámbito penal (también en el canónico), son muy relevantes.
Las normas no se pueden regular mediante los mandamientos
Del mismo modo, el actual Código de Derecho Canónico prevé el castigo del abuso sexual cometido por sacerdotes contra menores en virtud de la no observancia del sexto mandamiento de la Biblia –"No cometerás adulterio"–, algo que el propio Vaticano reconoce como "obsoleto". ¿Un cura pederasta comete adulterio abusando de un niño? "Esto ya no es adecuado para satisfacer las demandas de un enfoque contemporáneo de los delitos sexuales contra menores", explicaba en una reciente carta el presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, que ha sido contestada por Roma.
"Los sistemas civiles no individualizan los delitos utilizando los Diez Mandamientos", clamaban los obispos británicos, que reclamaban al Vaticano una reforma que muestre "la menor ambigüedad posible" y permita la colaboración plena de la Iglesia católica con la justicia civil.
"Dada la gravedad del tema que nos ocupa, es importante que las autoridades civiles puedan comprender, de manera clara e inequívoca, qué actos se incluyen en las sentencias penales canónicas", apuntó Nichols. Dos semanas después, el Vaticano confirmaba que ya se está trabajando en dicha reforma. De hecho, la revisión de la normativa podría aprobarse en junio, coincidiendo con la nueva ley que regulará la Curia romana.
Por último, la pasada semana, se cumplieron dos años de que el Papa aprobaba una normativa que obligaba a las conferencias episcopales y obispados de todo el mundo a adecuarse a las normativas civiles, y abrir oficinas de atención a las víctimas de la pederastia. Ahora, parece que es el Vaticano quien está dispuesto a 'aggiornarse' con la justicia civil. Pese a ello, todavía queda mucho por trabajar en transparencia, como demuestra el caso español: sólo después de reiteradas peticiones periodísticas, y tras haber negado tener datos, los obispos ofrecían cifras confirmadas por la Santa Sede: apenas 220 casos (de sacerdotes, no de laicos o religiosos no sacerdotes) en las dos últimas décadas, unos datos muy alejados de la realidad comparada de otros países del entorno. Y, al tiempo, persiste la negativa de llevar a cabo una investigación global sobre los abusos en la Iglesia de nuestro país.
