Muchas veces los policías reducen a un sospechoso o a un recluso negro, de tal manera que este sometimiento acaba en asfixia. Se ha visto con el inolvidable "I can't breathe!" que George Floyd pronunció antes de fallecer en Minneapolis hace un año y que ha pasado a ser el slogan del movimiento Black Lives Matter. En países como Estados Unidos y otros, la mano dura de los policías con la población de razas minoritarias se dan muy a menudo, Australia es uno de esos países.
David Dungay Jr falleció en la prisión de Long Bay (Sidney) el 29 de diciembre de 2015. Al trasladar al recluso de celda, este no hizo caso. Se abalanzaron sobre él mientras comía galletas, según varios reportes, para regular los niveles de sangre puesto que era diabético. Le redujeron, le arrastraron al nuevo habitáculo, le pusieron bocabajo y le inyectaron un sedante. Antes de morir, Dungay dijo 12 veces que no podía respirar, a lo que los policías afirmaron que si podía hablar era por algo. El recluso aborigen, estaba cumpliendo condena por agresión, intento de abuso sexual y participación en un robo. Le quedaban tres semanas para salir en libertad condicional. Pero durante la investigación forense sobre la muerte, salió a la luz el fragmento de un vídeo que inmortalizo el fatal desenlace, el vídeo se cortaba cuando Dungay dejó de respirar.
Aunque en las manifestaciones de Black Lives Matter su figura ha sido recordada en Australia, pero afirmar que Dungay es el Floyd australiano es simplificar mucho. Hay similitudes con el trato dela autoridad a las razas minoritarias, pero hay una diferencia sustancial: el principal responsable que acabó con el aliento de Floyd ha sido declarado culpable en un año, pero los que le hicieron lo mismo a Dungay, no. Por ello, Leetona Dungay, madre de la víctima, lleva 6 años moviendo tierra y mar para que se haga justicia. Ha conseguido que su lucha llegue a Naciones Unidas.
En 2016, Leetona lideró una marcha familiar a las afueras del edificio de las Instituciones Penitenciarias de Nueva Gales del Sur en Sídney, tras conocer que no hubiera negligencia en el trato mortal a Dungay. Leetona presionó para que las imágenes se hicieran públicas y todo el mundo viera lo que le hicieron a su hijo.
“Es difícil de creer que hoy en día, en Australia, este tipo de cosas sigan ocurriendo, pero estoy aquí ante ustedes como madre de un hijo que me fue arrebatado cuando todavía era un niño”, afirmó entre lágrimas durante la marcha. “¿Por qué encerramos a nuestros jóvenes aborígenes en la cárcel? ¿Cuántos de ellos tienen que morir? Estamos en 2016, no en 1816 o 1916. Tenemos que enfadarnos”.
Dos años y medio después del fallecimiento de Dungay, en julio del 2018, comenzó la investigación forense. Pero se determinó que la culpa no era se los agentes sino del sistema penitenciario por no haberles instruido sobre cómo evitar la asfixia. El médico que intentó reanimar a la víctima confesó que era la primera vez que aplicaba técnicas de primeros auxilios y la única persona que recibió un tirón de orejas fue el enfermero que le sedó por órdenes de uno de los agentes.
Leetona no aceptó ni disculpas, ni el fallo del tribunal y siguió con la lucha para que al menos, la muerte de su hijo sirva para cambiar el sistema que "está en crisis".
“El Gobierno y las autoridades penitenciarias tenían la obligación de mantener a David a salvo, con personas debidamente formadas para mantenerlo con vida. El sistema falló y David perdió la vida por culpa de ese error. Mi hijo tenía derecho a vivir”, señaló. “La ONU tiene que saber que hay una crisis en este país”
Leetona está respaldada por los abogados australianos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Jennifer Robinson, que también lleva el caso de Julian Assange, y Geoffrey Robertson QC, que representó al expresidente de Brasil, Lula Da Silva, frente al Comité de Derechos Humanos de la ONU por el trato que le dio el sistema judicial brasileño.
La denuncia impuesta afirma que Australia violó los derechos humanos de Dungay y no protegió su vida. También se pretende presionar al Gobierno por el historial de muertes de indígenas bajo custodias. Desde 1991, al menos 474 aborígenes han muerto mientras eran supervisados por las autoridades. Según datos de los Servicios Penitenciarios de Australia, actualmente, un 3% de la población es aborigen, así como un 29% de los reclusos.
En 1991 se creó en Australia una comisión sobre muertes de aborígenes bajo custodia, por consecuencia del racismo sistémico y de la desventaja social en las que viven estas comunidades. Según Leetona y los abogados, la situación en 2021 es muy similar a la de hace 30 años, con 500 fallecimientos de indígenas bajo custodia policial.
"El Gobierno australiano tiene obligaciones reguladas por el derecho internacional para proteger la vida y evitar las muertes en custodia”, señala Robinson. “La tasa sigue siendo inaceptablemente alta, con al menos cinco fallecimientos en lo que va de 2021”.
La lucha de Leetona sigue su curso y será la voz aborigen que denunciará al Gobierno australiano por las injusticias. Buscará las respuestas que no ha encontrado en su tierra sobre si las autoridades que acabaron con la vida de su hijo cumplieron con las leyes de derechos humanos o no, pero también sacará a la luz un asunto apenas conocido fuera de las fronteras australianas: el fracaso histórico y sistémico del país hacia una parte de su población a la que le debe muchísimo
