Policía Nacional y Guardia Civil liberaron durante el año 2021 a un total de 1.056 víctimas de las redes de trata y sometidas a distintas situaciones de explotación sexual o laboral en España.
Algo más de la mitad de las personas liberadas, un total de 565, estaban sometidas a explotación laboral y las 491 restantes por motivos sexuales. Incluidas dos niñas menores que fueron liberadas, también por trata, con el fin de forzar su matrimonio.
Así aparece reflejado en el Balance Estadístico 2017-2021 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Según ha informado el Ministerio del Interior, de entre el número total de víctimas, 187 fueron extorsionadas por redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlas en el país para lucrarse con su explotación sexual o laboral.
A dicha cifra hay que añadir 869 personas más que han sido sometidas a procesos de explotación sexual o laboral, aunque en su caso no se haya podido confirmar que hubiesen llegado a esa situación como consecuencia de la actuación de alguna red de trata de seres humanos.
Estas cifras son el resultado de las 226 operaciones emprendidas por Policía Nacional y Guardia Civil en 2021, en concreto, 74 de ellas están vinculadas a la trata de seres humanos y las 152 restantes a la explotación sexual y laboral. Además, estas actuaciones permitieron la desarticulación de 64 organizaciones y grupos criminales y la detención de 663 personas.
COLOMBIA, PRINCIPAL PAÍS DE ORIGEN EN CASOS SEXUALES
En cuanto a los datos de explotación sexual, los principales países de origen de estas víctimas son Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela. En total, el balance estadístico precisa que las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 136: 129 mujeres, 5 hombres y 2 menores de edad.
En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual se repite la misma proporción: de un total de 355, 342 eran mujeres adultas, 9 hombres y 4 niñas. En su mayoría, procedentes de Colombia, España, República Dominicana y Rumanía.
En este sentido, en 2021, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 1.380 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, actividad que permitió identificar a 4.704 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, según ha informado Interior.
LOS MARROQUÍES, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL
Por otra parte, en cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas ascienden a 51, 33 de ellas de sexo femenino y, en su mayoría, con Honduras como país de origen.
De igual manera, las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral fueron 514 en 2021, dos de ellas menores de edad. En este caso, el sexo mayoritario es el masculino -- 392 adultos y un menor de edad --, y las principales nacionalidades son la marroquí, la senegalesa y la nicaragüense.
Contra la explotación laboral, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron un total de 5.218 inspecciones administrativas en otros tantos centros de trabajo, en los que fueron identificados hasta 13.836 trabajadores en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales.
PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA TRATA 2021-2023
Desde el Ministerio del Interior han subrayado que la trata de personas "es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas", sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.
Según han informado, dada esta realidad creciente, el Ministerio ha impulsado la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que fue presentado el pasado 12 de enero.
El plan potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas. Todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil, tal y como ha informado Interior.
